Entradas
“El otro es uno de nosotros”
Por F. B.
Proponerse la liberación del loco sería muy triste; sería volver meramente al rol de psiquiatra. Nosotros queremos ser psiquiatras pero, sobre todo, queremos ser personas comprometidas, militantes. O, quizás mejor, queremos transformar, cambiar el mundo a través de nuestro lugar específico; a través de la miseria de nuestros pacientes, que son parte de la miseria del mundo.
Cuando decimos no al manicomio, decimos no a la miseria del mundo y nos unimos a todas las personas que en el mundo luchan por una emancipación. En ese momento nosotros no somos más una sociedad de psiquiatría social, o de psicodrama o lo que fuera: somos personas unidas que luchan por una libertad real en el mundo.
Muy probablemente, si estuvieran presentes psiquiatras tradicionales, dirían que yo soy un paranoico, que tengo un delirio de omnipotencia, que quiero dar vuelta el mundo ¡y es verdad! Pero este delirio, que hoy nos incluye a todos nosotros, es un delirio colectivo, una locura generalizada. Sería hermoso que hubiera en el mundo muchas otras locuras como ésta; podríamos decir que el mundo estaría cambiando verdaderamente.
Pero éstas son afirmaciones de principios. El problema está en colocar ladrillo tras ladrillo y esto es lo difícil. Lo más importante es que no estamos hablamos de psiquiatría, sino de la miseria de la vida, porque éste es el verdadero contexto en el que se construye la psiquiatría. Pienso que la pregunta que nos debemos hacer es: si la miseria desapareciera, ¿la psiquiatría seguiría existiendo? En realidad, esto que dije es un poco abstracto, porque la miseria existe y existe la psiquiatría. Justamente por eso debemos, antes que nada, abolir la miseria, para ver qué pasa después.
Dar de alta a una persona que está en un manicomio es verdaderamente un drama. Esta persona ha pasado años y años internada y ahora deberá afrontar la realidad que la ha rechazado y empujado al manicomio. Si una persona entra en un manicomio es porque fue rechazada por la organización social, por la sociedad. Cuando es dada de alta, encuentra una sociedad que no ha cambiado en absoluto. Entonces, esta sociedad la mandará nuevamente al manicomio. Para nosotros, técnicos, es un problema dar de alta a un enfermo, porque se desencadenan reacciones, contradicciones en cadena. Mientras una persona vive en el hospital, se producen cambios muy grandes en la familia, que se reorganiza con independencia de la persona internada. La esposa o esposo encuentran otros compañeros, los hijos no recuerdan más a la madre o al padre. Después sucede que esta persona, ya totalmente extraña al grupo familiar, vuelve a la familia. ¿Qué podemos hacer? ¿Podríamos recrear nuevamente la familia tal como era? Nuestro problema es encontrar una solución de vida para el que es dado de alta, no ya en el grupo familiar, sino en el grupo social.
Para esto, hay que tratar de mostrarle al grupo social quién es la persona que está volviendo. Esta es la dificultad mayor, la que exige mayor habilidad por parte del operador social que, en la miseria extrainstitucional, debe encontrar un lugar para el indeseado. Yo pienso que esta presencia puede ser detonador para una toma de conciencia política por parte de la sociedad, porque, habiendo sido excluida la persona y volviendo a ser integrada, puede presentarse como un espejo de la política de la organización social en la que vivimos, de su significado, de sus valores. Gracias al que es dado de alta, la comunidad puede tomar conciencia de la propia opresión.
Hemos dicho que esa persona, además de estar enferma, tenía carencias sociales, afectivas, psicológicas y humanas: las mismas que cada uno de nosotros tiene. Si analizáramos las carencias que cada uno de nosotros tiene esta noche, veríamos que son carencias de una unidad que hemos perdido o que no hemos tenido nunca. Tenemos un tremendo miedo y nos sentimos reasegurados por el hecho de estar juntos. Imaginen una persona que vivió diez años en un manicomio: nos pide protección y nosotros debemos dársela. Finalmente éste es nuestro trabajo, nuestra habilidad. No es cuestión de hacer grandes elaboraciones psicológicas. Lo importante para esta persona es tener algo de comer, tener dinero, una cama para dormir. Esto lo aprendí de las personas con las que hablé.
Tenemos el optimismo de lograr una solución, de encontrar algo distinto, una esperanza. Pero una esperanza que no debe ser mesiánica, porque el mesías es siempre un falso profeta. La esperanza debe estar en nosotros, como expresión de nuestras contradicciones, porque el otro, el enfermo, es uno de nosotros.
domingo
lunes
Efecto...
Por Fernando Krakowiak
Los precios de los medicamentos aumentaron 17,5 por ciento en promedio en los últimos doce meses. Es el mayor incremento interanual en cuatro años y entre las variedades más vendidas las subas superan el 20 por ciento. Los datos surgen de un relevamiento del investigador de la Universidad de la Plata, Constantino Touloupas, sobre un total de 15.712 especialidades medicinales. La diferencia entre lo que pagan los laboratorios por las drogas en el mercado mayorista y el precio al que esa droga se vende en farmacias es exorbitante. En 2002 se intentó forzar una baja con la ley de prescripción de medicamentos por nombre genérico. El objetivo era que los laboratorios compitieran por precio y no por marca para que la población tuviera la opción de comprar más barato, pero las prácticas colusivas neutralizaron esa estrategia. Si bien hay cerca de 300 laboratorios, cuando la oferta se analiza por producto predomina la concentración. Según un informe del investigador Federico Tobar, ex coordinador del Programa Remediar, el 47,1 por ciento de las drogas que se venden en el mercado tienen un único oferente y el 88 por ciento tiene menos de seis, lo que facilita la cartelización. Las variedades genéricas se venden a precios similares a los de la droga original. Es lo que se conoce como el “efecto murciélago”, pues todos se cuelgan del precio techo.
De hecho, la diferencia de precios entre el medicamento más caro y el más barato para cubrir una misma patología suele oscilar en apenas el 10 por ciento cuando los oferentes son menos de seis. Lo que sigue son algunos ejemplos que dejan en evidencia los acuerdos entre empresas:
u Un caso paradigmático es el famoso Tamiflu, marca comercial con la que se conoce a la droga oseltamivir, que adquirió carácter estratégico frente a la pandemia de gripe A. El Tamiflu es comercializado por el laboratorio suizo Roche, pero la Administración Nacional de Medicamentos. Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) les concedió registro sanitario también a otros cinco laboratorios que ofrecen versiones genéricas: Elea, LKM, Northia, Richmond y Finadiet. Lo llamativo es que el precio del Tamiflu es de 135,4 pesos, mientras que el genérico que comercializa Elea se vende a 159,9 pesos (18 por ciento más) y la copia de LKM a 151,1 (12 por ciento por encima del original). Northia y Richmond ofrecen su versión apenas un 1 por ciento más barata que el Tamiflu y Finadiet sólo un 4 por ciento por debajo.
u Lo mismo ocurre con la droga leuprolide, que toman quienes padecen cáncer de próstata. El medicamento original lo vende el laboratorio estadounidense Abbott bajo la marca Lupron. Cada ampolla de 7,5 miligramos cuesta nada menos que 1726,95 pesos. En el mercado también están disponibles las versiones genéricas de los laboratorios nacionales LKM (Leprid) y Raffo (Eligard) y la de Sandoz, una división de la multinacional suiza Novartis, que participa del negocio con la marca Lectrum. Sin embargo, esa variedad no representa ninguna ventaja para el paciente porque la competencia por precio no existe. La ampolla que produce LKM se vende a 1843,2 pesos (6,7 por ciento más que el original), la de Sandoz cuesta 1810,4 pesos (4,8 por ciento más) y la de Raffo 1710,4 pesos (apenas un 1 por ciento más barata).
u Los precios tampoco se desmarcan entre los que ofrecen la digoxina, droga recetada para quienes padecen insuficiencia cardíaca crónica. Los laboratorios oferentes en el mercado argentino son seis, pero sólo cuatro venden presentaciones con dosis equiparables. El laboratorio HLB Pharma ofrece la caja de 20 comprimidos importados con la marca Lanicor a 10,3 pesos; Klonal comercializa la misma presentación con la marca Digocard-G a 12,1. Roemmers vende paquetes de 25 comprimidos con el nombre Lanoxin a 13,4 y Medipharma cajas de 30 comprimidos con la marca Cardiogoxin a 14,9 pesos. La diferencia de precios entre los extremos llega al 45 por ciento, pero el más caro viene con un 50 por ciento más de comprimidos. De hecho, cuando se compara entre HLB Pharma y Klonal, que ofrecen la misma cantidad de pastillas, la diferencia se reduce al 18 por ciento y llamativamente los que salen más baratos son los comprimidos importados que provee Pharma.
u También hay casos donde los oferentes de un producto son más de seis, pero la diferencia de precios sigue siendo escasa y la variedad genérica cuesta en farmacias más cara que el original. Por ejemplo, el alprazolam es un tranquilizante desarrollado por el laboratorio Pfizer, que lo vende en el país con la marca Xanax. La caja de 0,5 miligranos por 30 comprimidos cuesta 12,6 pesos. No obstante, el laboratorio Gador lidera ese mercado con una copia conocida con el nombre Alplax, que cuesta 13,7 pesos (8,9 por ciento más). El paciente dispone además de otras 27 marcas del mismo producto, pero la diferencia entre el Alplax y el más barato de todos (Aplacaina, de Richmond) es de apenas 24 por ciento. En su informe, Tobar detalla incluso que el Alplax cuesta más caro que en España, donde Pfizer lo comercializa con el nombre Trankilazin.
La brecha de precios entre los productos destinados a curar la misma patología es acotada, sobre todo si se toman en cuenta los márgenes que maneja la industria farmacéutica. En 2006, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica realizó un informe, que Cash publicó en noviembre de ese año, donde comparó los precios de venta de droga por kilo de una distribuidora que abastecía a laboratorios pequeños y hospitales y el precio al que esa misma droga se vendía al público en farmacias. La diferencia llegaba entonces en algunos casos al 55.200 por ciento. Es cierto que el proceso de industrialización insume otros gastos, además del costo de la droga, tales como la mano de obra calificada, el precio de los excipientes que les dan contextura y color a los comprimidos y garantizan su correcta absorción por parte del organismo. También se deben tomar en cuenta los impuestos, los gastos de packaging y publicidad y los márgenes del resto de la cadena, pero la brecha es tan abismal que es difícil suponer que esos otros gastos compensen el diferencial de precios.
Los laboratorios también justifican los márgenes extraordinarios haciendo mención al gasto que realizan en investigación y desarrollo, pero en el caso de los nacionales el argumento no se sostiene, pues la mayoría de las drogas que comercializan fueron copiadas de multinacionales extranjeras antes de que se sancionara la ley de patentes. Sin embargo, como se detalló más arriba, en varios casos los precios de las variedades genéricas superan al del original.
La pregunta del millón es por qué los laboratorios nacionales pueden darse el lujo de vender variedades genéricas a un precio mayor que el original o apenas por debajo. Uno de los motivos es que las marcas que comercializan son más conocidas debido a la fuerte inversión publicitaria que realizaron durante décadas. Sin embargo, la clave no pasa sólo por la confianza que les generan a los pacientes sino por el acceso preferencial que lograron a los vademécum de las prepagas, las obras sociales y el PAMI a partir de negociaciones poco transparentes. Eso hace que cuando un paciente necesita un medicamento no pueda optar entre toda la oferta disponible en el mercado de ese producto sino sólo entre los que figuran en el vademécum de su prestador médico. Por eso los laboratorios nacionales privados que venden copias pueden darse el lujo de colgarse del precio techo que fijan las multinacionales con sus originales, emulando a los murciélagos
MARTIN ISTURIZ INVESTIGADOR SUPERIOR DEL CONICET
“Producción pública”
¿El Estado está en condiciones de producir medicamentos para fijarles un precio testigo a los laboratorios privados?
–Está en condiciones de producir algunos medicamentos, sobre todo los más básicos, porque la droga se puede comprar a granel y la elaboración la pueden realizar los laboratorios públicos.
–Cuando Graciela Ocaña asumió en el Ministerio de Salud impulsó la producción pública de medicamentos y le ordenó al Programa Remediar que comprara esa producción. Sin embargo, fueron pocos los laboratorios registrados ante Anmat y la provisión fue escasa.
–Dentro de los 37 laboratorios públicos hay pocos que reúnen las exigencias que solicita la Anmat. Los que estaban en condiciones fueron cinco o seis y se empezó a trabajar con ellos. El resto empezó a invertir para poder integrarse a la red de laboratorios públicos posteriormente.
–No sólo eran pocos sino que proveían medicamentos de baja complejidad.
–Comenzaron proveyendo aspirinas, dos antibióticos (cefalexina y amoxicilina) y un hipoglusemiante oral.
–¿Y qué hace falta para producir más?
–Falta decisión política e inversión pública. En su momento, Enrique Martínez puso el INTI a disposición de los laboratorios públicos para que mejoren su tecnología, los controles de calidad y la validación de procedimientos, pero falta seguir avanzando.
–Algunos expertos afirman que es mejor fijar precios máximos en lugar de impulsar la producción pública porque es una medida que tendría repercusión inmediata y no forzaría al Estado a realizar un gasto millonario en medicamentos.
–No son instrumentos excluyentes. La fijación de precios máximos se puede complementar con una producción pública que no requiere una inversión millonaria, ayuda al desarrollo de todo el sistema de ciencia y tecnología y es estratégica para no depender exclusivamente del mercado. Por ejemplo, hubo dos años en que no hubo medicamentos contra el mal de Chagas porque Roche consideró que no era rentable producirlos. Tener una industria poderosa sirve también para lidiar con las multinacionales. Hace un tiempo, el laboratorio Merck subió el precio de los retrovirales en Brasil. El Ministerio de Salud consideró que no había justificación desde el punto de vista de los costos y los amenazó con no respetar patentes y ordenarle al laboratorio estatal Farmanguinhos que comenzara a producirlos. Entonces, Merck tuvo que bajar el precio
FEDERICO TOBAR EX COORDINADOR DEL PROGRAMA REMEDIAR
“Fijar precios máximos”
Usted fue uno de los impulsores de la ley de prescripción de medicamentos por nombre genérico para favorecer la competencia por precio, pero las prácticas colusivas de los laboratorios neutralizaron esa estrategia. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación?
–La colusión de precios empieza a romperse cuando hay seis oferentes de un mismo producto. Por lo tanto, si la oferta es menor y el medicamento es caro lo que debe hacer el Estado es fijar un precio máximo de venta a partir de una comparación con los valores de otros países como hacen Colombia, Brasil y Europa. Por ejemplo, en Brasil sólo autorizan a los laboratorios a vender genéricos si los ofrecen a un 35 por ciento menos que el laboratorio que tiene la patente, mientras que en Argentina algunos genéricos cuestan más caros que el original.
–¿El Estado tiene capacidad para llevar adelante esa regulación?
–Cualquier estudiante de Economía lo podría hacer. No estoy planteando hacer un análisis de la estructura de costos sino comparar los precios de venta al público en distintos países. Lo que hace falta es voluntad política.
–El acceso a los vademécum de obras sociales y prepagas también opera como un freno a la competencia porque si el medicamento no está en esos listados no alcanza con vender más barato.
–En el país hay un Programa Médico Obligatorio que dice que los prestadores tienen que cubrir el formulario terapéutico nacional, que son más de 500 medicamentos, pero resulta que eligen las marcas. Ese tipo de prácticas se tienen que desterrar. Lo que pasa es que es un mecanismo muy corrupto que mueve millones de dólares y sólo se puede enfrentar con decisión política.
–¿El Estado no puede producir medicamentos para fijar un precio testigo?
–Es una alternativa muy idealista. Yo tuve que enfrentar esos planteos cuando estuve al frente del Programa Remediar porque Ginés González García no quiso incentivar la producción pública. Cuando asumió Graciela Ocaña armó un programa de producción pública de medicamentos y la orden fue que Remediar comprara esos productos. Empezaron comprando un solo producto y luego pasaron a comprar tres porque los laboratorios públicos registrados ante la Anmat eran muy pocos. Además, eran medicamentos de bajísima complejidad como aspirinas. En teoría es correcto hacerlo y de hecho en Brasil funciona, pero aquí los laboratorios públicos terminan produciendo muy pocos medicamentos de baja complejidad y algunos de calidad dudosa. Para revertir eso se requiere una inversión fuerte que no sé si el Estado está en condiciones de afrontar y que seguro no va a tener repercusión inmediata
Los precios de los medicamentos aumentaron 17,5 por ciento en promedio en los últimos doce meses. Es el mayor incremento interanual en cuatro años y entre las variedades más vendidas las subas superan el 20 por ciento. Los datos surgen de un relevamiento del investigador de la Universidad de la Plata, Constantino Touloupas, sobre un total de 15.712 especialidades medicinales. La diferencia entre lo que pagan los laboratorios por las drogas en el mercado mayorista y el precio al que esa droga se vende en farmacias es exorbitante. En 2002 se intentó forzar una baja con la ley de prescripción de medicamentos por nombre genérico. El objetivo era que los laboratorios compitieran por precio y no por marca para que la población tuviera la opción de comprar más barato, pero las prácticas colusivas neutralizaron esa estrategia. Si bien hay cerca de 300 laboratorios, cuando la oferta se analiza por producto predomina la concentración. Según un informe del investigador Federico Tobar, ex coordinador del Programa Remediar, el 47,1 por ciento de las drogas que se venden en el mercado tienen un único oferente y el 88 por ciento tiene menos de seis, lo que facilita la cartelización. Las variedades genéricas se venden a precios similares a los de la droga original. Es lo que se conoce como el “efecto murciélago”, pues todos se cuelgan del precio techo.
De hecho, la diferencia de precios entre el medicamento más caro y el más barato para cubrir una misma patología suele oscilar en apenas el 10 por ciento cuando los oferentes son menos de seis. Lo que sigue son algunos ejemplos que dejan en evidencia los acuerdos entre empresas:
u Un caso paradigmático es el famoso Tamiflu, marca comercial con la que se conoce a la droga oseltamivir, que adquirió carácter estratégico frente a la pandemia de gripe A. El Tamiflu es comercializado por el laboratorio suizo Roche, pero la Administración Nacional de Medicamentos. Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) les concedió registro sanitario también a otros cinco laboratorios que ofrecen versiones genéricas: Elea, LKM, Northia, Richmond y Finadiet. Lo llamativo es que el precio del Tamiflu es de 135,4 pesos, mientras que el genérico que comercializa Elea se vende a 159,9 pesos (18 por ciento más) y la copia de LKM a 151,1 (12 por ciento por encima del original). Northia y Richmond ofrecen su versión apenas un 1 por ciento más barata que el Tamiflu y Finadiet sólo un 4 por ciento por debajo.
u Lo mismo ocurre con la droga leuprolide, que toman quienes padecen cáncer de próstata. El medicamento original lo vende el laboratorio estadounidense Abbott bajo la marca Lupron. Cada ampolla de 7,5 miligramos cuesta nada menos que 1726,95 pesos. En el mercado también están disponibles las versiones genéricas de los laboratorios nacionales LKM (Leprid) y Raffo (Eligard) y la de Sandoz, una división de la multinacional suiza Novartis, que participa del negocio con la marca Lectrum. Sin embargo, esa variedad no representa ninguna ventaja para el paciente porque la competencia por precio no existe. La ampolla que produce LKM se vende a 1843,2 pesos (6,7 por ciento más que el original), la de Sandoz cuesta 1810,4 pesos (4,8 por ciento más) y la de Raffo 1710,4 pesos (apenas un 1 por ciento más barata).
u Los precios tampoco se desmarcan entre los que ofrecen la digoxina, droga recetada para quienes padecen insuficiencia cardíaca crónica. Los laboratorios oferentes en el mercado argentino son seis, pero sólo cuatro venden presentaciones con dosis equiparables. El laboratorio HLB Pharma ofrece la caja de 20 comprimidos importados con la marca Lanicor a 10,3 pesos; Klonal comercializa la misma presentación con la marca Digocard-G a 12,1. Roemmers vende paquetes de 25 comprimidos con el nombre Lanoxin a 13,4 y Medipharma cajas de 30 comprimidos con la marca Cardiogoxin a 14,9 pesos. La diferencia de precios entre los extremos llega al 45 por ciento, pero el más caro viene con un 50 por ciento más de comprimidos. De hecho, cuando se compara entre HLB Pharma y Klonal, que ofrecen la misma cantidad de pastillas, la diferencia se reduce al 18 por ciento y llamativamente los que salen más baratos son los comprimidos importados que provee Pharma.
u También hay casos donde los oferentes de un producto son más de seis, pero la diferencia de precios sigue siendo escasa y la variedad genérica cuesta en farmacias más cara que el original. Por ejemplo, el alprazolam es un tranquilizante desarrollado por el laboratorio Pfizer, que lo vende en el país con la marca Xanax. La caja de 0,5 miligranos por 30 comprimidos cuesta 12,6 pesos. No obstante, el laboratorio Gador lidera ese mercado con una copia conocida con el nombre Alplax, que cuesta 13,7 pesos (8,9 por ciento más). El paciente dispone además de otras 27 marcas del mismo producto, pero la diferencia entre el Alplax y el más barato de todos (Aplacaina, de Richmond) es de apenas 24 por ciento. En su informe, Tobar detalla incluso que el Alplax cuesta más caro que en España, donde Pfizer lo comercializa con el nombre Trankilazin.
La brecha de precios entre los productos destinados a curar la misma patología es acotada, sobre todo si se toman en cuenta los márgenes que maneja la industria farmacéutica. En 2006, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica realizó un informe, que Cash publicó en noviembre de ese año, donde comparó los precios de venta de droga por kilo de una distribuidora que abastecía a laboratorios pequeños y hospitales y el precio al que esa misma droga se vendía al público en farmacias. La diferencia llegaba entonces en algunos casos al 55.200 por ciento. Es cierto que el proceso de industrialización insume otros gastos, además del costo de la droga, tales como la mano de obra calificada, el precio de los excipientes que les dan contextura y color a los comprimidos y garantizan su correcta absorción por parte del organismo. También se deben tomar en cuenta los impuestos, los gastos de packaging y publicidad y los márgenes del resto de la cadena, pero la brecha es tan abismal que es difícil suponer que esos otros gastos compensen el diferencial de precios.
Los laboratorios también justifican los márgenes extraordinarios haciendo mención al gasto que realizan en investigación y desarrollo, pero en el caso de los nacionales el argumento no se sostiene, pues la mayoría de las drogas que comercializan fueron copiadas de multinacionales extranjeras antes de que se sancionara la ley de patentes. Sin embargo, como se detalló más arriba, en varios casos los precios de las variedades genéricas superan al del original.
La pregunta del millón es por qué los laboratorios nacionales pueden darse el lujo de vender variedades genéricas a un precio mayor que el original o apenas por debajo. Uno de los motivos es que las marcas que comercializan son más conocidas debido a la fuerte inversión publicitaria que realizaron durante décadas. Sin embargo, la clave no pasa sólo por la confianza que les generan a los pacientes sino por el acceso preferencial que lograron a los vademécum de las prepagas, las obras sociales y el PAMI a partir de negociaciones poco transparentes. Eso hace que cuando un paciente necesita un medicamento no pueda optar entre toda la oferta disponible en el mercado de ese producto sino sólo entre los que figuran en el vademécum de su prestador médico. Por eso los laboratorios nacionales privados que venden copias pueden darse el lujo de colgarse del precio techo que fijan las multinacionales con sus originales, emulando a los murciélagos
MARTIN ISTURIZ INVESTIGADOR SUPERIOR DEL CONICET
“Producción pública”
¿El Estado está en condiciones de producir medicamentos para fijarles un precio testigo a los laboratorios privados?
–Está en condiciones de producir algunos medicamentos, sobre todo los más básicos, porque la droga se puede comprar a granel y la elaboración la pueden realizar los laboratorios públicos.
–Cuando Graciela Ocaña asumió en el Ministerio de Salud impulsó la producción pública de medicamentos y le ordenó al Programa Remediar que comprara esa producción. Sin embargo, fueron pocos los laboratorios registrados ante Anmat y la provisión fue escasa.
–Dentro de los 37 laboratorios públicos hay pocos que reúnen las exigencias que solicita la Anmat. Los que estaban en condiciones fueron cinco o seis y se empezó a trabajar con ellos. El resto empezó a invertir para poder integrarse a la red de laboratorios públicos posteriormente.
–No sólo eran pocos sino que proveían medicamentos de baja complejidad.
–Comenzaron proveyendo aspirinas, dos antibióticos (cefalexina y amoxicilina) y un hipoglusemiante oral.
–¿Y qué hace falta para producir más?
–Falta decisión política e inversión pública. En su momento, Enrique Martínez puso el INTI a disposición de los laboratorios públicos para que mejoren su tecnología, los controles de calidad y la validación de procedimientos, pero falta seguir avanzando.
–Algunos expertos afirman que es mejor fijar precios máximos en lugar de impulsar la producción pública porque es una medida que tendría repercusión inmediata y no forzaría al Estado a realizar un gasto millonario en medicamentos.
–No son instrumentos excluyentes. La fijación de precios máximos se puede complementar con una producción pública que no requiere una inversión millonaria, ayuda al desarrollo de todo el sistema de ciencia y tecnología y es estratégica para no depender exclusivamente del mercado. Por ejemplo, hubo dos años en que no hubo medicamentos contra el mal de Chagas porque Roche consideró que no era rentable producirlos. Tener una industria poderosa sirve también para lidiar con las multinacionales. Hace un tiempo, el laboratorio Merck subió el precio de los retrovirales en Brasil. El Ministerio de Salud consideró que no había justificación desde el punto de vista de los costos y los amenazó con no respetar patentes y ordenarle al laboratorio estatal Farmanguinhos que comenzara a producirlos. Entonces, Merck tuvo que bajar el precio
FEDERICO TOBAR EX COORDINADOR DEL PROGRAMA REMEDIAR
“Fijar precios máximos”
Usted fue uno de los impulsores de la ley de prescripción de medicamentos por nombre genérico para favorecer la competencia por precio, pero las prácticas colusivas de los laboratorios neutralizaron esa estrategia. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación?
–La colusión de precios empieza a romperse cuando hay seis oferentes de un mismo producto. Por lo tanto, si la oferta es menor y el medicamento es caro lo que debe hacer el Estado es fijar un precio máximo de venta a partir de una comparación con los valores de otros países como hacen Colombia, Brasil y Europa. Por ejemplo, en Brasil sólo autorizan a los laboratorios a vender genéricos si los ofrecen a un 35 por ciento menos que el laboratorio que tiene la patente, mientras que en Argentina algunos genéricos cuestan más caros que el original.
–¿El Estado tiene capacidad para llevar adelante esa regulación?
–Cualquier estudiante de Economía lo podría hacer. No estoy planteando hacer un análisis de la estructura de costos sino comparar los precios de venta al público en distintos países. Lo que hace falta es voluntad política.
–El acceso a los vademécum de obras sociales y prepagas también opera como un freno a la competencia porque si el medicamento no está en esos listados no alcanza con vender más barato.
–En el país hay un Programa Médico Obligatorio que dice que los prestadores tienen que cubrir el formulario terapéutico nacional, que son más de 500 medicamentos, pero resulta que eligen las marcas. Ese tipo de prácticas se tienen que desterrar. Lo que pasa es que es un mecanismo muy corrupto que mueve millones de dólares y sólo se puede enfrentar con decisión política.
–¿El Estado no puede producir medicamentos para fijar un precio testigo?
–Es una alternativa muy idealista. Yo tuve que enfrentar esos planteos cuando estuve al frente del Programa Remediar porque Ginés González García no quiso incentivar la producción pública. Cuando asumió Graciela Ocaña armó un programa de producción pública de medicamentos y la orden fue que Remediar comprara esos productos. Empezaron comprando un solo producto y luego pasaron a comprar tres porque los laboratorios públicos registrados ante la Anmat eran muy pocos. Además, eran medicamentos de bajísima complejidad como aspirinas. En teoría es correcto hacerlo y de hecho en Brasil funciona, pero aquí los laboratorios públicos terminan produciendo muy pocos medicamentos de baja complejidad y algunos de calidad dudosa. Para revertir eso se requiere una inversión fuerte que no sé si el Estado está en condiciones de afrontar y que seguro no va a tener repercusión inmediata
Necesidad pública y negocios privados.
La salud de los mercados
Por Iván Heyn (Economista AEDA)
La Organización Mundial de la Salud (OMS), según su web institucional, “es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compartida, que exige el acceso equitativo a la atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas transnacionales”. Recientemente, la directora general de la OMS, Margaret Chan, advirtió que no existe una producción suficiente de vacunas contra la gripe A (H1N1) para todos los que las necesitan. Chan aseguró que las empresas farmacéuticas necesitan incentivos, incluidos patentes lucrativas, para poder seguir creando nuevos medicamentos y vacunas contra amenazas sanitarias emergentes.
En la visión económica subyacente del discurso se encuentran dos aspectos relevantes:
- El mercado es el mejor asignador de recursos. Serán las señales del mercado las que determinan cantidades y tipos de productos que deben producirse para garantizar la salud.
- Para que las empresas produzcan los medicamentos es necesario generar incentivos via derechos de propiedad como las patentes. Una patente es un derecho de propiedad sobre una idea o descubrimiento que garantiza el monopolio de producción de estos productos solo a las empresas que poseen dichas patentes.
Al analizar las recomendaciones sanitarias de la OMS para combatir la actual pandemia, señalan que debe tratarse a los pacientes diagnosticados con los retrovirales para impedir que el virus siga su propagación y mute a variedades más resistentes. Estas recomendaciones se dan de frente con la barrera la libre acción del mercado.
El proceso que se observa es que los laboratorios que poseen las patentes del producto limitan su producción al segmento para el cual existe demanda, es decir donde hay rentabilidad, y por lo tanto la producción actual de medicamentos no alcanza para toda la población mundial. Así, los países con mayor poder adquisitivo han acaparado las existencias y han presionado al alza los precios bloqueando la posibilidad a los países subdesarrollados, que cuando las señales de mercado funcionan correctamente, no pueden demandar estos medicamentos por los elevados precios.
La solución que surge de la directora de la OMS es dar incentivos a las industrias farmacéuticas. Suena irracional pero es así: Garanticemos la rentabilidad de las empresas dando incentivos, es decir transfiriendo de recursos desde la sociedad a las empresas, para de esta manera garantizar el acceso a los medicamentos. Los economistas saben bien cómo realizar estas transferencias: vía presión impositiva en los países desarrollados y vía endeudamiento en los subdesarrollados.
¿Existen alternativas?
La primera definición que debemos resolver es qué es más importante: los derechos de propiedad o la salud. Para Chan claramente la opción es la primera, en el caso de que se considere que la salud es más importante deberían dejarse de lado la protección de los derechos de propiedad intelectual y permitir que los laboratorios públicos, ya sea de universidades o de hospitales, produzcan los retrovirales. Seguramente en términos económicos es ineficiente producir para personas que no pueden pagar, pero de lo que se trata es de garantizar la salud.
Las contradicciones entre la salud y mercado no son nuevas aunque hoy vuelvan a ser redescubiertas con la pandemia de la gripe A. Tal vez el caso más flagrante de ineficiencia del mercado en temas sanitarios para los países pobres y subdesarrollados como el nuestro es el del Mal de Chagas. Esta enfermedad transmitida por la vinchuca afecta principalmente a los sectores más pobres de los países más pobres.
En nuestro país existen más de 3 millones de infectados y en América latina son más de 25 millones. Los pocos recursos destinados a investigar las soluciones y cura para este mal surgen de los flacos presupuestos de los países en desarrollo, dejando el sector privado una vez más un vacío que no se resuelve vía mercado.
Estas visiones sobre cómo garantizar la salud han tenido en los últimos años expresiones en las gestiones de salud de los niveles nacionales y municipales. A nivel nacional la política de salud desde 2002 en adelante puso su eje en la prescripción de medicamentos genéricos permitiendo un mayor nivel de competencia entre laboratorios multinacionales y nacionales favoreciendo el desarrollo de la industria farmacéutica local. Esto fue acompañado con el avance de la producción de medicamentos en laboratorios públicos que recibió un fuerte impulso en 2007 a través de la creación de la Red de Producción Pública de Medicamentos a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Mientras tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Mauricio Macri, vetó una ley de la Legislatura porteña que creaba un laboratorio público para la producción de medicamentos. Los argumentos se centran en la gran complejidad que tiene producir medicamentos y por lo tanto revelan una concepción ideológica donde las cuestiones complejas hay que dejarlas al mercado.
Epidemias, economía y salud
Por Mario Rovere (Sanitarista)
En un momento en que se insinúa que el pico de la epidemia de influenza A puede haber quedado atrás, aunque sin un pronóstico cierto de cómo puede desenvolverse en los próximos meses, el debate parece trasladarse a la existencia cierta de una vacuna que se demora en nacer y a su posterior distribución equitativa que desde la OMS se apresuran a asegurar. La sociedad argentina, las clases medias de las grandes ciudades, han definido sus propias estrategias defensivas, de tal forma que las decisiones empresariales, organizacionales y hasta estatales de cierre o postergación de actividades parecen simplemente acompañar lo que la población ya ha decidido.
Tal vez haya que remontarse a la mitad de la década del cincuenta, en plena epidemia de polio, para encontrar un problema de salud pública que haya movilizado tanto a la sociedad.
Es que la salud, como la naturaleza, toma cuenta de ciertas postergaciones y luego pasa factura; no siempre en forma automática pero tarde o temprano la pasa. Aún está fresco el recuerdo de un gobernador sugiriendo, con cierta liviandad, el cierre del Ministerio de Salud de la Nación.
Emergencia sanitaria ¿sí o no? Una pregunta que desvela y devela que en el trasfondo de esta epidemia subyace un viejo dilema de la salud pública que desde hace más de dos siglos era vista como un límite al libre comercio, confrontando como hoy lo hacen la ecología y la economía. Las epidemias han causado cuantiosos daños y en muchas ocasiones el destino en el campo de batalla, en el orden político o en las actividades económicas se han visto catastróficamente alterados. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, declaraba luego de una gran epidemia: “Parece necesario que el Congreso, quien es el único que puede regular el comercio, le dé forma a un sistema que, mientras tienda a preservar la salud general, pueda ser compatible con el interés del comercio y la seguridad de las rentas”. Dos siglos después el nuevo Reglamento Sanitario Internacional dice casi textualmente lo mismo: “La finalidad y el alcance de este Reglamento es prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales”.
Luego de dos siglos, la compatibilización entre mercado y salud pública se hace cada vez más difícil. Las interrelaciones se multiplican y el caso del H1N1 parece comprobarlo. En su origen se incrimina a la producción porcina. No se refiere a una granja familiar, según Le Monde Diplomatique, la Smithfield Food hacina en la frontera México-Texas un millón de cerdos en doscientas porquerizas generando suficientes contactos múltiples como para que las mutaciones virales ocurran. Claro que en la globalización económica la concentración en el rubro de la producción cárnica es una tendencia mundial y lo mismo podría haber ocurrido en otros rubros (aves, vacunos, huevos, leche, alimentos transgénicos, etc).
Una vez desatada como pandemia, dos antivirales se disputan el centro de la escena, el valor de las acciones de las empresas que lo producen se ha disparado. Por otro lado, cinco laboratorios han recibido del gobierno de Estados Unidos muestras del virus influenza A H1N1 para producir vacunas. Luego vendrán los ensayos clínicos y naturalmente las acciones de estas empresas también subirán. La Argentina llevó al Mercosur su posición para liberar las patentes de su producción.
Las pérdidas económicas de una epidemia son varias veces millonarias. Rubros vinculados a consumos más suntuarios o postergables como turismo, transporte, espectáculos culturales y deportivos, etc., se reducen complicando la situación de países que vienen buscando como protegerse o minimizar los efectos de la crisis económica mundial.
El grupo financiero IXE estimaba las pérdidas económicas directas generadas por la epidemia en México en un 0,7 del su PBI equivalente a un 76 por ciento del total del presupuesto público en salud de un año y como siempre flotará la pregunta sobre qué resultados se hubieran logrado si ese dinero se hubiera invertido en salud en forma anticipada.
Ya en Perú, durante el año 1991, se estimaba que los costos de la entonces epidemia de cólera eran de tal magnitud que hubieran alcanzado para proveer de agua potable a la población de sus grandes ciudades, con lo que se hubiera evitado la diseminación de la epidemia. Mientras tanto, Obama parece querer meterse en un tema espinoso. Su plan de salud, que cubrirá a cincuenta millones de personas –pese a ello– parece no ser muy popular y las reacciones de los lobbies de un sector caro e injusto, grandes financiadores de la política, no se hacen esperar. Aunque en otra escala, nuestro sistema de salud sufre de problemas parecidos. Su desempeño sistémico
en la epidemia deja suficientes dudas como para empezar a pensar en una fuerte redefinición.
Por Iván Heyn (Economista AEDA)
La Organización Mundial de la Salud (OMS), según su web institucional, “es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compartida, que exige el acceso equitativo a la atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas transnacionales”. Recientemente, la directora general de la OMS, Margaret Chan, advirtió que no existe una producción suficiente de vacunas contra la gripe A (H1N1) para todos los que las necesitan. Chan aseguró que las empresas farmacéuticas necesitan incentivos, incluidos patentes lucrativas, para poder seguir creando nuevos medicamentos y vacunas contra amenazas sanitarias emergentes.
En la visión económica subyacente del discurso se encuentran dos aspectos relevantes:
- El mercado es el mejor asignador de recursos. Serán las señales del mercado las que determinan cantidades y tipos de productos que deben producirse para garantizar la salud.
- Para que las empresas produzcan los medicamentos es necesario generar incentivos via derechos de propiedad como las patentes. Una patente es un derecho de propiedad sobre una idea o descubrimiento que garantiza el monopolio de producción de estos productos solo a las empresas que poseen dichas patentes.
Al analizar las recomendaciones sanitarias de la OMS para combatir la actual pandemia, señalan que debe tratarse a los pacientes diagnosticados con los retrovirales para impedir que el virus siga su propagación y mute a variedades más resistentes. Estas recomendaciones se dan de frente con la barrera la libre acción del mercado.
El proceso que se observa es que los laboratorios que poseen las patentes del producto limitan su producción al segmento para el cual existe demanda, es decir donde hay rentabilidad, y por lo tanto la producción actual de medicamentos no alcanza para toda la población mundial. Así, los países con mayor poder adquisitivo han acaparado las existencias y han presionado al alza los precios bloqueando la posibilidad a los países subdesarrollados, que cuando las señales de mercado funcionan correctamente, no pueden demandar estos medicamentos por los elevados precios.
La solución que surge de la directora de la OMS es dar incentivos a las industrias farmacéuticas. Suena irracional pero es así: Garanticemos la rentabilidad de las empresas dando incentivos, es decir transfiriendo de recursos desde la sociedad a las empresas, para de esta manera garantizar el acceso a los medicamentos. Los economistas saben bien cómo realizar estas transferencias: vía presión impositiva en los países desarrollados y vía endeudamiento en los subdesarrollados.
¿Existen alternativas?
La primera definición que debemos resolver es qué es más importante: los derechos de propiedad o la salud. Para Chan claramente la opción es la primera, en el caso de que se considere que la salud es más importante deberían dejarse de lado la protección de los derechos de propiedad intelectual y permitir que los laboratorios públicos, ya sea de universidades o de hospitales, produzcan los retrovirales. Seguramente en términos económicos es ineficiente producir para personas que no pueden pagar, pero de lo que se trata es de garantizar la salud.
Las contradicciones entre la salud y mercado no son nuevas aunque hoy vuelvan a ser redescubiertas con la pandemia de la gripe A. Tal vez el caso más flagrante de ineficiencia del mercado en temas sanitarios para los países pobres y subdesarrollados como el nuestro es el del Mal de Chagas. Esta enfermedad transmitida por la vinchuca afecta principalmente a los sectores más pobres de los países más pobres.
En nuestro país existen más de 3 millones de infectados y en América latina son más de 25 millones. Los pocos recursos destinados a investigar las soluciones y cura para este mal surgen de los flacos presupuestos de los países en desarrollo, dejando el sector privado una vez más un vacío que no se resuelve vía mercado.
Estas visiones sobre cómo garantizar la salud han tenido en los últimos años expresiones en las gestiones de salud de los niveles nacionales y municipales. A nivel nacional la política de salud desde 2002 en adelante puso su eje en la prescripción de medicamentos genéricos permitiendo un mayor nivel de competencia entre laboratorios multinacionales y nacionales favoreciendo el desarrollo de la industria farmacéutica local. Esto fue acompañado con el avance de la producción de medicamentos en laboratorios públicos que recibió un fuerte impulso en 2007 a través de la creación de la Red de Producción Pública de Medicamentos a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Mientras tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Mauricio Macri, vetó una ley de la Legislatura porteña que creaba un laboratorio público para la producción de medicamentos. Los argumentos se centran en la gran complejidad que tiene producir medicamentos y por lo tanto revelan una concepción ideológica donde las cuestiones complejas hay que dejarlas al mercado.
Epidemias, economía y salud
Por Mario Rovere (Sanitarista)
En un momento en que se insinúa que el pico de la epidemia de influenza A puede haber quedado atrás, aunque sin un pronóstico cierto de cómo puede desenvolverse en los próximos meses, el debate parece trasladarse a la existencia cierta de una vacuna que se demora en nacer y a su posterior distribución equitativa que desde la OMS se apresuran a asegurar. La sociedad argentina, las clases medias de las grandes ciudades, han definido sus propias estrategias defensivas, de tal forma que las decisiones empresariales, organizacionales y hasta estatales de cierre o postergación de actividades parecen simplemente acompañar lo que la población ya ha decidido.
Tal vez haya que remontarse a la mitad de la década del cincuenta, en plena epidemia de polio, para encontrar un problema de salud pública que haya movilizado tanto a la sociedad.
Es que la salud, como la naturaleza, toma cuenta de ciertas postergaciones y luego pasa factura; no siempre en forma automática pero tarde o temprano la pasa. Aún está fresco el recuerdo de un gobernador sugiriendo, con cierta liviandad, el cierre del Ministerio de Salud de la Nación.
Emergencia sanitaria ¿sí o no? Una pregunta que desvela y devela que en el trasfondo de esta epidemia subyace un viejo dilema de la salud pública que desde hace más de dos siglos era vista como un límite al libre comercio, confrontando como hoy lo hacen la ecología y la economía. Las epidemias han causado cuantiosos daños y en muchas ocasiones el destino en el campo de batalla, en el orden político o en las actividades económicas se han visto catastróficamente alterados. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, declaraba luego de una gran epidemia: “Parece necesario que el Congreso, quien es el único que puede regular el comercio, le dé forma a un sistema que, mientras tienda a preservar la salud general, pueda ser compatible con el interés del comercio y la seguridad de las rentas”. Dos siglos después el nuevo Reglamento Sanitario Internacional dice casi textualmente lo mismo: “La finalidad y el alcance de este Reglamento es prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales”.
Luego de dos siglos, la compatibilización entre mercado y salud pública se hace cada vez más difícil. Las interrelaciones se multiplican y el caso del H1N1 parece comprobarlo. En su origen se incrimina a la producción porcina. No se refiere a una granja familiar, según Le Monde Diplomatique, la Smithfield Food hacina en la frontera México-Texas un millón de cerdos en doscientas porquerizas generando suficientes contactos múltiples como para que las mutaciones virales ocurran. Claro que en la globalización económica la concentración en el rubro de la producción cárnica es una tendencia mundial y lo mismo podría haber ocurrido en otros rubros (aves, vacunos, huevos, leche, alimentos transgénicos, etc).
Una vez desatada como pandemia, dos antivirales se disputan el centro de la escena, el valor de las acciones de las empresas que lo producen se ha disparado. Por otro lado, cinco laboratorios han recibido del gobierno de Estados Unidos muestras del virus influenza A H1N1 para producir vacunas. Luego vendrán los ensayos clínicos y naturalmente las acciones de estas empresas también subirán. La Argentina llevó al Mercosur su posición para liberar las patentes de su producción.
Las pérdidas económicas de una epidemia son varias veces millonarias. Rubros vinculados a consumos más suntuarios o postergables como turismo, transporte, espectáculos culturales y deportivos, etc., se reducen complicando la situación de países que vienen buscando como protegerse o minimizar los efectos de la crisis económica mundial.
El grupo financiero IXE estimaba las pérdidas económicas directas generadas por la epidemia en México en un 0,7 del su PBI equivalente a un 76 por ciento del total del presupuesto público en salud de un año y como siempre flotará la pregunta sobre qué resultados se hubieran logrado si ese dinero se hubiera invertido en salud en forma anticipada.
Ya en Perú, durante el año 1991, se estimaba que los costos de la entonces epidemia de cólera eran de tal magnitud que hubieran alcanzado para proveer de agua potable a la población de sus grandes ciudades, con lo que se hubiera evitado la diseminación de la epidemia. Mientras tanto, Obama parece querer meterse en un tema espinoso. Su plan de salud, que cubrirá a cincuenta millones de personas –pese a ello– parece no ser muy popular y las reacciones de los lobbies de un sector caro e injusto, grandes financiadores de la política, no se hacen esperar. Aunque en otra escala, nuestro sistema de salud sufre de problemas parecidos. Su desempeño sistémico
en la epidemia deja suficientes dudas como para empezar a pensar en una fuerte redefinición.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)